EL RESULTADO DEL MODELO NEOLIBERAL


Socialismo Revolucionario CIT Chile. Abril de 1999.

(Archivo Democracia Obrera Nº 61)


Las últimas cifras en­tregadas por el INE, dan cuenta de un aumento en la cesan­tía nacional en el último trimestre -comprendido entre noviem­bre del 98 y enero de 1999-, pasando de un 7,1 a un 7,5 por ciento en la tasa de deso­cupación nacional. Cifras oficiales que difieren de los estudios realizados por la Universidad de Chile, que detectan una tasa de cesantía por sobre el 11%. La dife­rencia radica en las metodo­logías utilizadas para reali­zar la medición.

Mientras que en la encuesta del INE se les pregunta a las personas si trabajaron al menos una hora en forma remunerada durante la semana anterior y si la respuesta es positiva, el encuestado queda inscrito en la nómina de ocupados, Si responden que no, pero tampoco declaran haber buscado empleo en el último mes, no serán catalogados de desocupados, sino de "inactivos".

La principal crítica a esta metodología radica en que oculta el subempleo, porque, entre otros, los ven­dedores ambulantes, cuida­dores de automóviles o reco­lectores de cartón, y empaquetadores de supermerca­dos que sólo perciben las eventuales propinas que les quieran dar, figuran como ocupados.

La Universidad de Chi­le, por su parte, fórmula las mismas preguntas, pero agrega un nuevo Ítem, donde consulta a los encuestados si se consideran ocupados o desocupados.

Las cifras que ha dado a conocer el INE -con lo inexactas que son- muestran que el problema de la ce­santía está afectando a prácticamente todo el país, ensañándose con los jóvenes y con algunas regiones. Es el caso de la V Región, en que a pesar de ocupar el segundo lugar entre las que tienen mayor participación en el producto nacional (movilizando el 50% de la carga que sale del país) su tasa de desocupación alcanzó este trimestre un 9,2%, siendo las provincias de Petorca y San Antonio las más afec­tadas, manteniendo desde hace una década esta triste ubicación entre las zonas con mayor índice de cesantía.

En Valparaíso, las cau­sas para estos altos índices radican en el desmantelamiento que ha tenido la ciudad desde 1982 al tras­ladarse la industria a Santia­go, y por la aplicación de tecnología moderna en las faenas productivas.


Por su parte, en San An­tonio la cesantía alcanza un 10,3%, según el INE determinándose sus causales por la disminución de la activi­dad portuaria y por la incor­poración de alta tecnología en el Terminal marítimo. A lo que se sumaría el reciente cierre de ocho pesqueras, con lo que se prevee que los niveles de desempleo en el puerto alcancen el 20% en un período próximo.

El ministro de Econo­mía. Jorge Leiva, frente a estas cifras advirtió que aún no se toca fondo, pudiéndose alcanzar cifras de hasta dos dígitos en el año que recién se inicia.

Los ajustes que ha rea­lizado el gobierno a nivel macroeconómico han ido en directo perjuicio de los tra­bajadores. La acción guber­namental en materia de desempleo ha orientado a quitarle importancia a las consecuencias que traerán los aumentos registrados en materia de desocupación; haciendo más una campaña de concientización de sus buenas intenciones que realizando medidas concretas en pro de los trabajadores.


Por el contrario, esta ins­tancia le ha servido para traer a la palestra nuevamen­te la discusión sobre el Siste­ma de Protección al Traba­jador Cesante (Protrac), con que el gobierno pretende imponer un nuevo programa de ahorro obligatorio -como las AFPs- que saldrá, princi­palmente, del bolsillo de los trabajadores para pagar su propia cesantía, castigando aun más sus bajos salarios.

Las medidas de ajuste implementadas han sido orientadas a no perjudicar los intereses de las grandes transnacionales que invier­ten en nuestro país, sin tener en cuenta el perjuicio que han provocado a la pequeña y mediana industrial, que es la que proporciona el 80% de las fuentes de trabajo.


POLÍTICAS SECTORIALES

Las maniobras que hace el gobierno para mantener las altas tasas de ganancias del sector más privilegiado (el 20% de los hogares más ricos percibió en 1996 el 56.7% del ingreso monetario total) las realiza sobre las espaldas de los trabajadores. Así quedó de manifiesto cuando, en colusión con sectores sindicales de la Concertación, determinó un salario mínimo a dos años plazo que alcanzará un exi­guo tope de $100 mil pesos el año 2000. Así también, desde que hubo atisbos de crisis económica, inició una campaña comunicacional destinada a llamar a los tra­bajadores a "cuidar el em­pleo", colocando a muchos sindicatos, llegada la hora de la negociación colectiva, en la disyuntiva de aceptar el congelamiento (y/o la dismi­nución de los salarios) o la reducción de personal, frente a lo cual se han visto obliga dos a que, pese al aumento de los artículos, sus salarios disminuyan.


La utilización de los tra­bajadores con sus remunera­ciones como un componente más de las políticas de ajuste económico, ha sido la cons­tante en los gobiernos de la Concertación. No se debe olvidar que durante la déca­da de los años ochenta, los salarios permanecieron prác­ticamente congelados, situa­ción que contribuyó de ma­nera decisiva en el creci­miento económico registra­do por el país. Crecimiento que no ha visto reflejado en los bolsillos de los trabaja­dores.

Las bajas remuneracio­nes que se han mantenido, son otro factor que impulsa un incremento del desem­pleo por su efecto sobre la adquisición de artículos y servicios, y. en consecuen­cia, sobre la producción. Es decir, los trabajadores son el mercado interno para los productos de consumo y servicios; si éstos no ganan lo suficiente, no pueden activar el mercado, con lo que se genera cesantía. Por lo mismo, de no frenar el aumento del desempleo se puede desencadenar un cír­culo vicioso dentro de la eco­nomía, debido a que para contrarrestar las bajas remu­neraciones surgió con ímpe­tu el mecanismo del crédito, mediante el cual los traba­jadores han ido adquiriendo viviendas y enseres (el espe­jismo de un mejor estándar de vida), que con sus sueldos no habrían podido comprar al contado. De hecho, cifras de la Cámara de Comercio de Santiago dicen que los trabajadores, de sectores bajos y medios, están endeu­dados 3,6 veces sus salarios.


De acuerdo a la infor­mación entregada por el Centro Nacional de la Pro­ductividad y la Calidad, la productividad media del trabajo aumentó entre 1990 y 1997 en 5.1%, mientras que en los mismos años -según el INE- los salarios reales lo hicieron sólo en 3,7%. En otras palabras, han aumentado las tasas de explotación al trabajo, al disminuir la participación de los trabajadores en la pro­ductividad por ellos mismos generada. Esta misma ten­dencia se repitió el primer semestre de 1998, y no hay esperanzas de que cambie en el curso del próximo año.

Para el año 1999, el ex subsecretario de Economía, y hoy ministro de Energía, Oscar Landerretche, anticipó un crecimiento de la produc­tividad entre un 3,5% y 4%, en circunstancias que se libra una intensa ofensiva oficial y del gran empresariado para congelar o reducir la partici­pación de las remuneracio­nes en la repartición de la nueva riqueza creada.


Según Hugo Fazio (en el Resumen Económico del 3° Trimestre del 98, editado por CENDA), la fuerte ten­dencia al aumento de la desocupación debe enfren­tarse con la inyección de recursos, principalmente en la creación de puestos de trabajo y subsidios a los desempleados, estimulando de esta manera aquellas actividades y zonas del país más afectadas por la crisis econó­mica, de lo contrario, la de­socupación aumentará.

Según el Resumen Eco­nómico del Cenda, es nece­sario un esfuerzo simultáneo entre el Estado, los empre­sarios y trabajadores, toman­do lo que les corresponde a estos últimos de lo que pagan a las AFPs, (las que sólo por gasto de administración cobrarán en 1998 más de 500 millones de dólares), para la creación de un subsidio de cesantía no inferior al 75% de su remuneración. Medida también postulada por la CUT.


La cesantía hoy exis­tente es sólo una consecuen­cia de los múltiples ataques que vienen recibiendo los trabajadores dentro de este modelo económico, mientras que la minoría beneficiada por éste -las grandes transnacio­nales en conjunto con dos o tres grupos económicos nacio­nales— lo siguen siendo, aun en período de crisis.


Por lo mismo, las solu­ciones postuladas por el go­bierno, a través de empleos precarios entregados por las municipalidades. No son una solución cuando ofrecen apenas 45 mil puestos de tra­bajo, si sólo en la construc­ción los desocupados alcan­zan los 90 mil. Es necesario que la CUT aglutine a los trabajadores para enfrentarse con fuerza contra este nuevo abuso. No se puede admitir que nuevamente sean los trabajadores quienes costeen el crecimiento de un país para que lo disfruten unos pocos.

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